Refugiados invisibles en su propio país

Ucrania es un país de callejones. En los corredores paralelos a las avenidas principales de su capital, Kiev, se fermenta la cotidianeidad del fichaje por las mañanas, los cafés de mediodía y la escapada nocturna con alcohol y música en vivo. Sus fachadas de arquitectura megalómana esconden en los patios traseros las impresiones de sus cerca de tres millones de habitantes, que transitan de la residencia al trabajo entre vigas precarias y atestados vagones de metro. Es difícil percibir frente a las franquicias de las arterias que comunican las zonas históricas lo que se cuece en sus suburbios. Es en esas moles de hormigón donde miles de personas procedentes de Crimea, en el Sur, anexionada a Rusia; o del Este, en guerra, se resguardan de un viaje inesperado. Aquel que les trajo a la capital de forma improvisada.

Son refugiados en suelo propio. Los denominados en la jerga burocrática Internally Displaced People (IDP), es decir, desplazados dentro de las fronteras de su propia nación. Gozan de pasaporte similar al del resto de sus compatriotas, hablan la misma lengua y poseen una idiosincrasia común. Sin embargo, han tenido que abandonar sus casas con lo puesto y probar suerte, generalmente a miles de kilómetros. Quizás sin las vallas físicas, las espinas y los controles que se muestran a diario en el centro o el sur de Europa con sirios o africanos. Pero igualmente con el muro de un futuro en vilo.

Photo: Alberto G. Palomo

Aunque también comparten obstáculos similares. En el caso de este país de la antigua URSS, de 45’5 millones de habitantes, los motivos son dos, bien parecidos a los de sus compañeros de otros continentes. El principal, el conflicto en la región del Donbas, que incluye las provincias de Donetsk y Lugansk, en la franja oriental. Un conflicto que es en realidad una guerra de la que poco se oye tras 29 meses desde su inicio y en la que han muerto 6.500 personas, según las últimas cifras publicadas por la ONU. En lugares donde no hay enfrentamientos armados, la otra causa responde a las dificultades de continuar con la existencia anterior sin presiones, sin un control exhaustivo de cada actividad y con la libertad previa de un ciudadano normal.

Las grandes asociaciones humanitarias lo han denunciado sistemáticamente sin lograr apenas resultados. Médicos Sin Fronteras (MSF), por ejemplo, alentó en junio al envío “de urgencia” de medicamentos para aquellos que permanecían en ese gran callejón que adopta el nombre de zona gris. Su responsable en el terreno, Mark Walsh, explica cómo el alto al fuego se rompe cada día. “Los hospitales han sido bombardeados y no hay infraestructura”, indica, “nuestras labores se centran en aliviar el estrés y asistir a los pensionistas, los más necesitados”. Tras dos intentos de poner fin al conflicto armado (con el protocolo de Minsk en 2014 y una cumbre en esta misma ciudad bielorrusa en febrero de 2015), el panorama que pintan desde MSF no responde a lo acordado: “Todos los días hay morteros y nuestra actuación se ha complicado por culpa de la normativa impuesta. Antes, curiosamente, teníamos más acceso a los perjudicados. Cada día se producen migraciones”, contextualiza Walsh. Su relato se ejemplifica con el de Raisa Manko, de 80 años. Atrapada en la línea del frente, solloza recordando los primeros ataques. “Hubiera sido mejor morir en ese momento y no sufrir meses después. ¿Cómo puedo estar viviendo esto a mi edad?”, clama.

Para ponerse en su piel hace falta volver al 12 de abril de 2014, cuando militares rusos comenzaron una ofensiva para colonizar una zona que reclamaban suya. Llegaron tanques, tomaron pueblos, autoproclamaron nuevos gobiernos y hasta derribaron presuntamente un avión comercial cuyo destino era una playa malasia. Igual que se truncó de súbito el trayecto de los 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación se truncó el de más de 100.000 habitantes de esta parte de Ucrania. En realidad, cambió la situación de todo el país, esperanzado con un acercamiento a Europa después de su independencia del grillete ruso hace 25 años. Y después de haber encadenando dos revoluciones desde el inicio del siglo XXI. Primero con la llamada Revolución Naranja de 2004 y posteriormente con la Revolución de la Dignidad, en 2014.

Normalidad en plena guerra

Ambas tuvieron su escenario en el Maidán, la plaza de la Independencia de Kiev y emblema de las protestas del país. Y en ambas acudieron millones de vecinos de toda la geografía nacional. En 2004 contra la opacidad de una democracia construida alrededor – siempre – de los mismos líderes y en 2014 en contra de Viktor Yanukovich, el entonces presidente, por una rectificación a última hora en un acuerdo comercial con Europa. Yanukovich tuvo que huir a escondidas, pero los problemas continuaron. Y las manifestaciones se apagaron poco a poco hasta desaparecer del centro y moverse a las periferias, a esos callejones del principio donde se diluyen las biografías anónimas. Y donde parece que se arrinconan los combates, pues nadie diría en un paseo por las catedrales de Kiev, las playas de Odesa o el patrimonio histórico de Lviv (por nombrar tres ejemplos significativos) que Ucrania es un país en guerra. A pesar de que el término aparece en toda conversación.

En Vostok SOS, una agrupación formada en mayo de 2014 para asistir a los desplazados del Donbas, lo mencionan a menudo. “Muchos proucranianos vieron que ni era seguro seguir en las zonas ocupadas ni tenían sitio para trabajar y tuvieron que marcharse”, adelanta Tatiana Vezbuk, responsable de comunicación. Con ayuda de la norteamericana USAID y donaciones privadas, esta iniiniciativa que surgió con una línea de atención telefónica a desplazados provee de recursos a las personas desamparadas en varios puntos del país. “Damos comida, ropa o medicinas y ponemos a disposición el cuidado de niños, asesoría sanitaria, legal y psicológica”, resume.

“La mayoría salió con los documentos de identidad y una maleta”, cuenta en la sala donde una decena de voluntarios y empleados organizan cajas con abrigos, montones de camisetas y las distribuyen en el sótano. “Estuvieron dos meses con la gente del Maidán, pero luego se quedaron solos, sin apoyos”, relata. “Algunos han conseguido un piso y trabajo, pero su estatus legal resulta muy inestable”. Al seguir censados en sus residencias anteriores tienen difícil tramitar los papeles que les dan derecho a las 850 grivnas (unos 30,5 euros) de subsidio mensual o participar activamente en la sociedad. “Les cuesta integrarse en otra ciudad. Cada día tenemos una situación dramática, sobre todo gente que viene con alguna enfermedad, sin ropa, sin comida y con varios miembros de la familia a su cargo”.

El número de desplazados es muy complicado de medir ya que no pasan por ningún registro. El escritor Alberto Salcedo se refiere a este tipo de gente como “el margen de error del censo”. “No cuentan como ciudadanos sino como chusma, como ser de las madrigueras”, señala en uno de sus reportajes hablando desde la realidad colombiana. En Ucrania, las autoridades los cifraron hasta finales de 2015 en 30.000. Entidades como Vostok SOS los sitúan, por el contrario, holgadamente por encima del millón. Cedos, un think tank creado al inicio de la guerra, eleva el número a 1,7 millones en su último informe, que abarca la primera mitad de 2016.

“El 77% procede de las regiones del Este. Aun así, la población en esta región ha crecido un 7%”, desglosa Andriy Solodko, uno de los responsable del estudio. Solodko, no obstante, aclara que dentro de esta cifra hay que separar a aquellos desplazados reales y a aquellos turistas sociales que se marchan de sus lugares de origen para recibir apoyo gubernamental. “En cualquier caso, son invisibles. Y las razones para esta invisibilidad son que, aunque muchos prefieren las grandes ciudades, los dos tercios del total se queda en zonas periféricas. No crean grandes presiones demográficas y no se les ve en campos de refugiados por la tele, a pesar de que tenemos uno montado por Alemania de barracones. Un paseo por los sanatorios de las afueras o por zonas rurales permite verlos. Pero apenas aparecen en las noticias”, señala.

Desde Cedos, además, creen que el Gobierno no ha adoptado soluciones duraderas para estos refugiados. Según analizan, tiene que ver la intención de la gente. “Se necesita saber quiénes se quieren quedar y quiénes marcharse. Sociológicamente se ha visto que “un 70% no tiene pensado volver en los próximos 12 meses. Un 10% aboga por cambiar de provincia y un 7% se marcha al extranjero”. La mayor incertidumbre, apostilla, es que los desplazados no saben si se van a quedar o van a poder volver. Y eso crea una rueda de pasos en falso desde los despachos oficiales y desde los propios individuos. Eso sí: alrededor del 74% vive de las ayudas del Gobierno y de la humanitaria que proveen USAID, Acnur o la UE, con seis millones para acomodarles y 600 millones de crédito para el desarrollo.

¿Diferencias con los refugiados? “Son enormes”, contesta Andrut, “porque fundamentalmente los IDP son invisibles. No crean tensiones”. “Desde el principio, el Gobierno cometió un gran error: ofreció subvenciones para todo aquel que adquiriera el estatus de IDP. Así que si eres del área separatista o de Crimea y quieres las prestaciones, debes registrarte como desplazado. De esta forma, muchos se sumaron a la iniciativa y se fueron cerca de sus casa a retirarse. Si miramos, por ejemplo, Kharkiv, pegada al Donbas, vemos que hay más IDP en el Sur, más cercana a Donestk, que en el Norte”. De ahí se puede estimar que unos 800.000 son turistas sociales, aunque es un tema muy delicado.

Delicado como todo lo que tiene que ver con los invisibles. Con Los Nadie, que decía Eduardo Galeano. El Gobierno ha de ser cauto con los mensajes que lanza sobre ellos, para no crear alarma social ni menospreciarlos y las ONG han de andar con pies de plomo para no caer en una caridad estéril. Olga Pustovit, de Acnur, emplaza a las conclusiones que dispara el último análisis de esta organización de la ONU para los refugiados, del pasado julio: “La situación es muy volátil y tensa. En un mes se ha dado refugio y comida a más de 700 personas. La OSCE, organismo para la supervisión y la seguridad de la UE, denuncia una violación continua de las medidas de Minsk. Cada día se asiste a 10.000 personas y los desplazados mantienen como falta de oportunidades su mayor preocupación”.

Una carencia que subrayaba en su libro El imperio el periodista Ruyard Kapuscinski: “Vivir en provincias significa vegetar, ser víctima de la pobreza y el desamparo. De ahí el ansia de trasladarse a una gran ciudad, preferentemente a la capital, que ofrece perspectivas de una vida mejor, de un ascenso social y laboral”. Ya entonces, al caer la URSS, la coyuntura podía asemejarse a la de ahora, un cuarto de siglo después. “Las minorías étnicas que habitan el Imperio aprovecharán la más leve brisa de democracia para separarse, para independizarse, para autogobernarse. Para ellas, ante el lema democracia existe una sola respuesta: libertad. Una libertad entendida como separación, lo que evidentemente despierta la oposición del pueblo en el poder, el cual, para mantener su privilegiada posición, está dispuesto a usar la fuerza, a solucionar los problemas por la vía del autoritarismo”.

Represión en Crimea

Lo mismo que ocurre en Crimea. Allí, la situación es muy diferente al Este. No hay un Estado legal y el mayor temor es la tensión creada por el cambio político desde que se anexionó, en cuestión de horas, a Rusia. Las recién instaladas autoridades presionan desde arriba a quien no comulga con el nuevo régimen. Los que no aceptan al nuevo Gobierno corren a diario el riesgo de perder su trabajo o sufrir castigos que afecten a su salud. Lo hemos visto durante el pasado mes de agosto: cierres de fronteras repentinos, detención aleatoria de ciudadanos y acusaciones de terrorismo desde el Kremlin. Paralelos a Vostok SOS, la agrupación Crimea SOS distingue su tarea de la de su gemela por diversos factores. “En Crimea, los activistas se van en muy pocas horas, agarrando el primer medio de transporte que les saque. No tienen los checkpoints de la guerra. El resto de ciudadanos tarda más en decidirse; lo organizan mejor y continúan como pueden con su vida antes de salir”, cuenta Oksana, una de las integrantes. También desde 2014, este grupo de apoyo ha atendido a miles de personas. “Los datos oficiales hablan de 21.000 expulsados, pero no hay cifras porque se dejó de contar. No oficiales serán unas 100.000”, calcula.

Se enfrentaron a proporcionar una ayuda emergente y, más adelante, a dar un empujón para que los desplazados montaran sus propios negocios y fueran autónomos. “El objetivo ahora es no solamente ayudar a la gente, sino que se adapten a la sociedad. Que puedan resolver sus problemas por sí mismos para que formen parte de la ciudad en la que viven y no sigan anclados a otra en la que no pueden estar”, apunta. “La mayoría quiere volver a Crimea y la única razón por la que salieron de sus casas era porque tenían ideas proucranianas. De hecho, algunos son positivos y creen que en unos años el proceso se revolverá y podrán regresar”. El ánimo varía entre los jóvenes y los mayores. Para los primeros, es una oportunidad de empezar de nuevo. Los segundos lo viven como una prórroga no deseada. “Además, las ganas de ayudar de la sociedad han disminuido”, lamenta. “Hay gente que perdió todo y ahora puede darle un impulso a la economía de Ucrania. Porque cuando la gente no tiene nada que perder puede hacer cosas geniales”, afirma entusiasmada.

A esta nada se aferró Sabina Iliasova. Unos meses atrás quería ser profesora de Universidad y asentarse junto a sus amigos en Simferópol, la capital de Crimea. A sus 28 años, la vocación le ha cambiado: “Me sentía libre. Ahora estoy triste por mis padres y quiero ser activista para denunciar el estado de gente como yo”, contesta, destacando que no se incluye entre los desplazados internos. “Tengo trabajo y dinero para vivir”, matiza como razón para excluirse de tal categoría. Para esta joven nacida en Uzbekistán e instalada desde muy temprano en la isla del sur de Ucrania, el éxodo es una cuestión genética.

De sangre tártara, ha vivido la huida de su comunidad a otros lugares de la zona a lo largo de la historia. Su formación de economista y su corta edad han sorteado la traba que supone emprender camino: en septiembre de 2014 consiguió una beca en Crimea SOS y se estableció en Kiev. Jamás pensó que tendría que huir. “Hasta 2014 nadie pensó que íbamos a estar en guerra”, arguye. “Mis padres quieren venirse porque aquí hay más oportunidades. Y mi hermano, de 26 años, también. Pero tratan de no contar cómo se encuentran ni qué piensan hacer. Crimea es un Estado de espías: pinchan teléfonos y vigilan las redes sociales”, dice desde su despacho. Situado, afortunadamente, en un edificio noble del norte de la ciudad. Aquí ha recalado después de transitar los callejones por los que, aparte de los ciudadanos de la urbe, se mueven sus invisibles compatriotas.