Otra democracia para otra Europa

Europa no suscita entusiasmo, es lo mínimo que se puede decir. A estas alturas, la idea de Europa como futura institución política (los “Estados Unidos de Europa”) les dice muy poco, o nada, a sus potenciales ciudadanos, mientras que la Europa que existe en la realidad provoca sentimientos de hostilidad. Se la percibe como la Europa de los poderes financieros y de los Gobiernos sumisos, desde luego no como la Europa de la soberanía popular. Si la Europa política va a seguir siendo esta, la desafección está abocada a ir en aumento, las tentaciones nacionalistas tenderán a multiplicarse (hasta el chovinismo y al siguiente paso lógico, el racismo), y la fascinación autoritaria y el populismo reaccionario irán ganando terreno.

In search of the tools with which to save Europe. Photo: holbox. Source: Shutterstock

En este panorama, predicar “más Europa”, como hace Habermas para exorcizar los fantasmas de las cerrazones locales e identitarias que ya están infestando incluso a la izquierda equivale a recitar una jaculatoria. A menos que no aprovechemos la “cuestión Europa” como una ocasión para un proyecto de auténtica soberanía popular europea, que transforme radicalmente el paradigma de las democracias realmente existentes. Que vuelva a poner en entredicho la democracia liberal, la concepción procedimental y no sustantiva de la democracia. Precisamente todo aquello que, hasta ahora, nadie, ni siquiera “entre la izquierda”, ha asumido como elproblema.

Dice Habermas en su última homilía sobre el tema europeo^[1]: “Sin el empuje de una vital formación de la voluntad por parte de una sociedad de ciudadanos movilizable más allá de las fronteras nacionales, al Ejecutivo de Bruselas, que a estas alturas se ha convertido en un organismo autorreferente (versebständigt) le faltan las fuerzas y el interés necesarios para regular de formas socialmente sostenibles a unos mercados que ya están entregados a sus espíritus animales”. Muy cierto. Pero, ¿cómo suscitar ese “empuje vital” de protagonismo cívico republicano? ¿Y en qué sentido sería “autorreferente” (verselbständigt) el Ejecutivo de Bruselas, teniendo en cuenta que goza del apoyo de casi todos los Gobiernos nacionales?

Habermas propone “dos innovaciones”: “En primer lugar, un proyecto político común de fondo, con transferencias económicas relativas y responsabilidad solidaria entre los Estados miembros. […] En segundo lugar, una participación paritaria del Parlamento y del Consejo en la legislación, y una Comisión que responda ante ambas instituciones”. Lamento decirlo, pero eso es como vender humo. Lo que se adelanta como panacea es tan solo un modesto y progresivo acercamiento de las instituciones europeas a las de las democracias liberales vigentes en cada uno de los Estados. Pero si el próximo Parlamento tuviera los mismos poderes que tienen hoy el Bundestag o la Asamblea Nacional francesa, o la Cámara de los Comunes, y el Gobierno de Bruselas tuviera que conseguir su confianza, la cuestión del “empuje vital” de una ciudadanía activa para ” regular de formas socialmente sostenibles a unos mercados que ya están entregados a sus espíritus animales” no habría avanzado ni un milímetro. El archipoder de los mercados financieros y de sus jefes, respecto a los ciudadanos “soberanos”, podría incluso verse incrementado.

En efecto, si el Ejecutivo de Bruselas hoy en día es obediente a las imposiciones de los poderes financieros, también es cierto que todos y cada uno de los Gobiernos nacionales, es decir de las mayorías parlamentarias elegidas por los ciudadanos “soberanos”, están igual de subordinados a la canalla financiera, que ha transformado el sistema de las Bolsas en un gigantesco Las Vegas de los juegos de azar. Es más, resulta harto probable que el Parlamento de Estrasburgo, que elegiremos la próxima primavera, vea cómo se reducen aún más las resistencias por parte de la “izquierda” (unas resistencias etéreas y poco concluyentes, ya que son de un keynesianismo en dosis homeopáticas) respecto a los triunfantes adeptos al liberalismo económico salvaje y al cuento chino de la “austeridad expansiva”, el chispeante paquete ideológico de la omertà político-especulativo-corruptora (con un incremento de las “generosidades” mafiosas) y de sus crupieres financieros. Y es fácil pronosticar que la única oposición “cool” frente a los guardianes de la desigualdad liberal la plantearán los desechos chovinistas y racistas de los lepenismos aderezados en sus distintas salsas nacionales. “Cool” hasta el extremo que en los sondeos figuran, en un número cada vez mayor de países, como la primera o la segunda fuerza política.

Alguien dirá: si la mayoría de los ciudadanos vota a la derecha del liberalismo económico, y como oposición de moda a una derecha explícitamente antidemocrática, toda jeremiada resulta inútil, esos son los riesgos que entraña la soberanía popular. Pero precisamente esa es la Gorgona que no se quiere afrontar, la soberanía expropiada: a estas alturas, ¿cuánto tienen que ver con la soberanía de los ciudadanos las formas tradicionales de la legitimación democrática a través del voto por sufragio universal?

Es una extraña reticencia, o, para ser exactos, una angustiosa soberbia de represión psicológica, el hecho de identificar el ejercicio de la soberanía democrática con el poder de las mayorías surgidas de las urnas. ¿Es posible que, al cabo de tan solo ochenta años desde la Tragedia de Europa por antonomasia, la gente ya haya olvidado que Hitler llegó al poder a través de las urnas, respetando las formas constitucionales? ¿Y que por consiguiente el hecho de votar, incluso con corrección formal, no constituye la esencia de la democracia, el sanctasanctórum de la soberanía, sino tan solo su instrumento? Ineludible, no cabe duda, pero tan solo su instrumento, mejor dicho uno de los instrumentos.

¿Es posible que se ponga sordina a lo que la presunta “ciencia” de la política, que demasiado a menudo ha estado al servicio de lo existente, ha dejado claro infinitas veces, a saber que las condiciones de la democracia, sus presupuestos jurídicos, socioeconómicos y culturales van antes, lógica e históricamente, que el funcionamiento de la democracia, y que la prejuzgan? ¿Y que sin el arraigo de dichas condiciones, y en última instancia de una ética republicana generalizada, las votaciones por mayoría pueden ser el instrumento de una ciudadanía hurtada, del despotismo, de la tiranía, y no de la soberanía popular, es decir una soberanía de todos y cada uno?

De acuerdo, partamos del voto como fuente última de legitimidad para el ejercicio del poder. Ha de ser un voto libre e igual. Ahora bien, tan solo es posible hacer honor al principio mínimo de la democracia liberal, “una cabeza, un voto”, con el voto emitido con nuestra propia cabeza, conforme a las convicciones de cada cual. Un voto autónomo, y no sojuzgado y sometido. Los conservadores ingleses, que un siglo después de la toma de la Bastilla todavía seguían especulando sobre el derecho al voto en función de los ingresos (sufragio censitario), argumentaban que no puede ser autónoma la elección de alguien que no disfrute de unas comodidades y de una cultura que le liberen a todos los efectos de las servidumbres materiales y psicológicas. Tenían toda la razón. Solo que, con ese argumento, ellos justificaban el sufragio censitario, una consecuencia de la clase social, mientras que la consecuencia lógica entraña más bien una transformación social tan profunda como para asegurarle a todo el mundo (¡hombres y mujeres!) el bienestar individual y los instrumentos críticos necesarios para votar en libertad.

Por consiguiente, un voto libre e igual implica una sociedad que combate constantemente y que va reduciendo paulatinamente las desigualdades materiales y espirituales de antes y de ahora, enquistadas en la tradición o liberadas por los espíritus animales del mercado. En suma, la precondición de una democracia liberal es un bienestar social radical y en expansión, cada vez más pronunciado. Así pues, un prerrequisito de la democracia, y una vacuna contra su crisis, es una constante redistribución de los ingresos y de la riqueza. Un país del corazón de Europa, pero ajeno a las instituciones europeas, como la Confederación Helvética, ha sometido a referéndum el establecimiento de una horquilla máxima de 12:1 en materia de retribuciones. Aunque la propuesta haya sido derrotada (también gracias a una campaña intimidatoria repleta de desinformación y manipulación), precisamente ese es el horizonte de igualdad que ya es posible hoy en día, porque está maduro en amplios sectores de la opinión pública, y que debería constituir el caldo de cultivo de una democracia europea que funcione.

Y, naturalmente, un voto autónomo excluye la existencia de un voto aterrorizado, o comprado, o manipulado. Por consiguiente, entre sus prerrequisitos exige: una constante política de la legalidad que haga realidad un respeto escrupuloso del principio de que la ley es igual para todos, empezando por los amos de las instituciones y del dinero. Un control de la legalidad que esté en manos de los magistrados y que, en tanto que poder autónomo, limite el poder de los políticos y de los patronos, y luche contra cualquier forma de crimen organizado (que en lugar de “una cabeza un voto” impone “una bala, un voto”) y de corrupción (que impone “un soborno, un voto”). Pero para el principio de “un voto emitido con la cabeza de cada cual”, son igual de necesarias unas políticas que contrarresten, hasta su anulación, toda forma de influencia religiosa en la esfera pública (que contamina “una cabeza, un voto” hasta convertirla en “una oración, un voto”, todo monopolio mediático (“un anuncio, un voto”) y por último – pero no menos importante – cualquier traición a las verdades objetivas (“una mentira, un voto”): para Hannah Arendt, el desprecio por esas modestas verdades objetivas ya suponía un anuncio inequívoco y un claro síntoma de totalitarismo.

Una precondición todavía más evidente, pero ferozmente reprimida de la conciencia, es la neutralización del dinero en la esfera pública. Para que la igualdad jurídico-política del ciudadano sea verdaderamente formal y abstracta, es imprescindible borrar y aniquilar en la dimensión pública las diferencias de patrimonio, renta, estatus, sexo, religión, raza, etcétera, que sí caracterizan al individuo concreto de la sociedad civil. Así pues, ninguna de esas peculiaridades puede desempeñar papel alguno en la competición electoral. Eso implica una política sustancial que está en las antípodas de lo que, por ejemplo, ocurre en Estados Unidos, donde la capacidad para recaudar fondos ya se ha convertido en la dote fundamental de un candidato a la presidencia. Todas las fuerzas políticas deben gozar de los mismos recursos públicos en especie (es decir, en comunicación: espacios radiotelevisivos, teatros y plazas, etcétera) y no contar con ningún tipo de financiación privada (salvo las pequeñas aportaciones individuales de los militantes).

Todo lo que sumariamente hemos enunciado hasta aquí son las precondiciones de la democracia, ineludibles, taxativas, cuyo incumplimiento, aunque sea singular y parcial (y en una medida infinitamente mayor si es múltiple y en sinergia) desmantela el fundamento mínimo de la democracia – una cabeza, un voto – y desvirtúa la soberanía popular, sea cual sea la regularidad con la que se desarrollan las elecciones. Ahora bien, la paradoja es de una obviedad deslumbrante: las precondiciones de las instituciones (¡los procedimientos!) de la democracia liberal consisten en unas políticas sustantivas que en las “democracias” que existen en la realidad tan solo las plantean las fuerzas políticas consideradas extremistas, de una izquierda que ya casi no se puede encontrar en ninguna parte, mientras que todas las demás fuerzas políticas, ya sean de derechas o de “izquierdas”, se muestran unánimes a la hora de rechazarlas. Negando con ello las precondiciones de una democracia capaz de hacer realidad de verdad la promesa mínima de “una cabeza, un voto”.

Para decirlo sin rodeos, me parece que hoy en día, en toda Europa, solo existe una fuerza electoral que se aproxima con su programa a semejante coherencia democrática ineludible: la coalición griega de Syriza y su líder Alexis Tsipras. Se “aproxima” porque en ese cartel electoral subiste todavía demasiado “comunismo” al antiguo estilo, en vez de una “justicia” y una “libertad” políticas igualitarias, radicalmente críticas hacia todos los viejos totalitarismos del Este.

Sin las precondiciones que he resumido rápidamente,^[2] la soberanía de todos y cada uno ya nos ha sido hurtada, lobotomizada, y el parlamento no representa a los ciudadanos, sino como mucho a su desesperada y resignada marginalidad. No es casualidad que los “reacios a votar” que se quedan en casa, o votan en blanco y por nadie (un auténtico “exilio interior”), estén aumentado a ojos vistas. O que voten por partidos explícitamente antidemocráticos. La desafección hacia la clase política en su conjunto, hacia los que hacen de la política una profesión y una carrera, ya sean de derechas o de “izquierdas”, va aumentado constantemente. Y si en Alemania o en el Reino Unido esa desafección todavía no ha alcanzado el nivel de desprecio y de asco con el que los ciudadanos de Italia, de España o de Grecia miran a los “políticos”, sería pura ceguera no comprender que la insatisfacción con las actuales instituciones representativas ya es el problema que Occidente en su conjunto, y en primer lugar Europa, debe afrontar, si no quiere precipitarse en una Weimar de dimensiones continentales o incluso globales.

Por consiguiente: para que nazcan instituciones europeas de tipo realmente democrático es necesario que antes se consoliden y se impongan unas políticas europeas que “implementen” en la vida cotidiana los antiguos ideales de “liberté, égalité, fraternité”, donde cada valor especifica el sentido del anterior. Justo lo contrario de la Europa del liberalismo económico.

En algunos países se está discutiendo la introducción de un salario mínimo por hora. Una precondición de las reformas institucionales que propone Habermas es una legislación social europea que establezca para todos los países el mismo salario mínimo por hora, los mismos derechos sindicales, las mismas obligaciones medioambientales, de forma que ya resulte imposible el chantaje de los empresarios en el sentido de trasladar la producción a los países donde el coste de la mano de obra es más bajo, es decir donde la explotación del trabajador es mayor. No puede haber Europa mientra las diferencias en materia de derechos, de bienestar, de salarios entre los trabajadores, sigan haciendo de algunos países y/o regiones un vivero inagotable del famoso “ejército proletario de reserva”, que permite rebajar las retribuciones hasta el mínimo de subsistencia.

En los años setenta todas esas categorías marxistas parecían definitivamente obsoletas, gracias al arraigo de las conquistas socialdemócratas, que ni siquiera los Gobiernos de derechas ponían el tela de juicio (y que de hecho el gaullismo incorporaba parcialmente en su programa), y que permitían contemplar el modelo escandinavo de igualdad/eficiencia como el futuro cercano de todo el continente. La glaciación thatcheriana y reaganiana y la globalización del liberalismo salvaje han vuelto a poner prepotentemente de actualidad los análisis de Marx sobre el mercado de trabajo. Sin un estatuto europeo de los trabajadores, la condición salarial tenderá inevitablemente a converger con la de China (y a diversificarse cada vez más dentro del continente, entre Alemania y el resto).

A lo anterior cabe añadir unas políticas europeas que combatan frontalmente, con una energía y una intransigencia inauditas (y con el objetivo de acabar con él), el contubernio canceroso formado por la evasión fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales y la especulación financiera, que paradójicamente celebra su triunfo en los mercados londinenses (con la mutación antropológica de barrios enteros, a imitación de los emires y los oligarcas, una bofetada continuada contra cualquier ideal democrático). El crimen organizado ya no es una cuestión italiana: las mafias viejas y nuevas, de Sicilia, de Calabria, de Campania, o de China, de Rusia, de Albania o de la antigua Yugoslavia, están colonizando con sus variopintas alianzas todo el continente, ampliando cada vez más el lado “legal” de sus actividades. Empresarios entre los empresarios en la Europa de los financieros. Por lo demás, poner fin a la libertad del sector financiero, limitarlo con unas restricciones aún más rigurosas que las que levantó insensatamente un presidente estadounidense “de izquierdas”, obligar a los bancos a convertirse en lo único aceptable desde un punto de vista democrático y ciudadano, en un instrumento al servicio de la economía productiva real, y por consiguiente ilegalizando cualquier actividad que relacione a los bancos con los juegos de azar (eso es la especulación en cualquiera de sus variantes) son también precondiciones para el nacimiento de unas instituciones europeas democráticas.

Por último, hoy en día el obstáculo más grande y aparentemente insuperable para una representación democrática lo forman los partidos políticos tal y como han venido evolucionando y degenerando estructuralmente. Dichos partidos, tanto los de derechas como los de “izquierdas”, son máquinas de sustraer y derogar la soberanía de los ciudadanos, de distorsionar totalmente, mejor dicho de alienar, la voluntad popular. No soy en absoluto partidario de la democracia directa, creo que la decisión democrática se acerca tanto más a su ideal cuanto más se alimenta de discusión, de “acción comunicativa” (a Habermas lo que es de Habermas). Pero, precisamente porque defiendo la democracia representativa y delegada, me parece necesario subrayar que hoy en día la “representación” es una ficción, que los partidos son, cada día más, máquinas autorreferentes, que la política como carrera obliga a los electores a contemplar a “sus” representantes, ya desde el día siguiente a las elecciones, como un “ellos” contrapuesto a un “nosotros”, una Casta o un Gremio, ajena y a menudo “enemiga”, enrocada en sus privilegios.

Por todo ello hoy resulta impostergable una especie de “revolución institucional” para darle a la democracia representativa una segunda vida, basada en unos parlamentarios que no puedan hacer de la política una profesión y una carrera, sino que tengan que desarrollar su tarea de delegados tan solo durante un número muy limitado de años, para posteriormente volver a trabajar en la sociedad civil. Como bricoleurs de la política. Una sola legislatura (como mucho, dos), incompatibilidad entre los cargos (ministro, parlamentario nacional, parlamentario europeo, alcalde, etcétera), prohibición de pasar de una candidatura local (alcalde) a una nacional sin que transcurra un largo periodo entre ambas, prohibición de ser candidato a quien haya desempeñado cargos directivos de libre designación política (y prohibición de desempeñarlos después de ser parlamentario) … En suma, la política como servicio civil temporal.

Si todo lo anterior son las precondiciones para la democratización de las instituciones europeas, es evidente que las reformas institucionales de las que habla Habermas son como pretender curar un tumor con aspirinas. Pero también resulta evidente que hoy en día el primer paso no puede ser institucional, sino de luchas (también electorales) y de constitución de una fuerza política idónea. Porque un gobierno europeo, elegido en las condiciones de sustracción de la soberanía cada vez más generalizadas en todo el continente, hoy se asemejaría trágicamente al “comité de los negocios de la burguesía” tan denostado por Lenin. Casi parece que los establishments de toda Europa estén compitiendo para volver a dar lustre a las tesis del viejo jefe bolchevique. Así pues, el problema que está a la orden del día es el de una fuerza política que presente a nivel europeo un programa alternativo como el que hemos apuntado.

Esa fuerza hoy en día no existe. Todos los partidos socialdemócratas forman ya parte integrante y orgánica, definitiva e irreversiblemente, del complejo de poderes políticos y financieros. Es imposible reformarlos desde dentro. Están abocados a defraudar siempre las esperanzas que ocasionalmente (o por desesperación) alimentan de vez en cuando. Cuando ganan, es solo porque pierden sus adversarios, que evidentemente son todavía más impresentables. Hollande no ganó, lo que pasó fue que una marea de franceses ya no podía soportar a Sarkozy. La prueba es que ahora existe el riesgo de que gane Marine Le Pen.

La respuesta a este harakiri de la “izquierda” (que en realidad viene produciéndose desde hace por lo menos un cuarto de siglo) no puede consistir en un revival del comunismo, por muy maquillado que esté, y sean cuales sean las acrobacias dialécticas al estilo de Slavoj Zizek de las que pueda nutrirse y revestirse (un pesado hándicap de Syriza es precisamente que no se haya desligado de sus patéticos vínculos con los grupúsculos neocomunistas europeos, una parodia de la Internacional de antaño).

Por el contrario, es preciso inventar una forma organizativa, inédita a día de hoy, y de geometría variable. Que no sea un partido, que no tenga funcionarios ni un aparato a sueldo, que se alimente solo del voluntariado, que pueda dar vida a unas listas electorales en distintas ocasiones, pero no necesariamente siempre, que sepa renovarse constantemente en función de los movimientos reales de lucha y de opinión que recorren la sociedad civil, unos movimientos que a su vez dicha forma organizativa procurará suscitar, en un círculo virtuoso de sinergias. Por ahora, las únicas novedades se producen “en la derecha”, en el crisol de los populismos (a menudo plutocráticos), de los racismos y de las nostalgias de los fascismos y las teocracias. Y sin embargo, las llamaradas de los movimientos radicales son cada vez más frecuentes. Hasta ahora no han encontrado nunca un catalizador que supiera darles continuidad organizativa y proyección representativa y parlamentaria. Y eso se debe también a que hoy en día cualquier fuerza política surge alrededor de un liderazgo con un prestigio reconocible, lo que, para una fuerza democrático-igualitaria, podría sonar como una contradicción en términos.

Sin embargo, esa es la única experimentación que puede “salvar a Europa”. Un contagio, una hibridación, una coordinación, una estructuración organizativa de geometría variable (pero en absoluto “líquida”) cada vez mayores entre todas las experiencias de compromiso de la sociedad civil que recorren Europa (movimientos de lucha y de opinión, incluso a través de Internet) bajo el estandarte de una “justicia” y una “libertad” radicales. Unas experiencias y unos movimientos que hasta ahora han estado fragmentados, dispersos, que a menudo se han mostrado refractarios a comprender que sin medir sus fuerzas también con las citas electorales, la calle e Internet tan solo son un desahogo existencial, no una acción política capaz de cambiar las cosas de verdad. Si ese magma democrático que hoy se manifiesta como una esporádica indignación no se convierte en una fuerza política (en formas NO de partido, sino de bricolaje político organizado), Europa podrá elegir exclusivamente entre el invierno de la dictadura financiera “democrática” o el tenebroso abismo de los nuevos fascismos edulcorados.